OCDE (diciembre2013). The 2012 Labour market reform in Spain: A preliminary assessment

Este informe ofrece una evaluación inicial del impacto de la reforma efectuada en 2012 en el mercado laboral en España que ha modificado las normativas sobre negociación colectiva y despido.

Uno de los principales elementos de la reforma es la mayor preferencia que se da a los convenios colectivos de empresa con respecto a los convenios sectoriales o regionales, así como la mayor facilidad que se ofrece a las empresas para descolgarse de los convenios colectivos y adoptar medidas de flexibilidad interna para limitar la destrucción de empleo. La reforma laboral ha mejorado la flexibilidad de jure del sistema de negociación colectiva de una forma que rara vez se habría encontrado antes de la crisis ni en España ni en otros países de la zona del euro.

Los indicadores de rigidez de la normativa laboral de la OCDE indican que la reforma ha reducido de manera significativa la rigidez de la legislación española que regula los despidos. Sin embargo, las indemnizaciones por extinción de contrato en el caso de los trabajadores indefinidos en España siguen situándose entre las más elevadas de la OCDE, a pesar de la importante reducción en la indemnización por despido improcedente que ha traído consigo la reforma.

Los cambios en las normativas de flexibilidad interna y negociación colectiva han contribuido a la significativa moderación salarial observada en España durante el último año. Asimismo, una vez el crecimiento económico esté asentado de nuevo, la mayor proporción de convenios colectivos a nivel de empresa dará más margen para que se trasladen los incrementos de productividad a los salarios.

Todos estos resultados apuntan a un efecto positivo de la reforma a la hora de atenuar la generalizada segmentación del mercado de trabajo en España, si bien su impacto por el momento es reducido y llevará tiempo que la dualidad del mercado laboral se reduzca de forma significativa.

La reforma redujo los despidos colectivos en mayor medida que ningún otro efecto visible sobre el despido individual, debido probablemente al aumento de la incertidumbre procesal que se produjo tras la eliminación de la exigencia de contar con una autorización administrativa –y el consiguiente incremento de la inseguridad jurídica– así como a la ampliación de las circunstancias en las que las empresas que efectúen estos despidos deben pagar un impuesto y llevar a cabo un plan especial de formación y recolocación.

Las reformas de la normativa sobre el despido, gracias al aumento de la reasignación del trabajo, tienen potencial para impulsar el crecimiento de la productividad a largo plazo. Basándose en un ejercicio de simulación que se fundamenta en la experiencia de los países de la OCDE durante un prolongado periodo de tiempo, el informe sugiere que la reforma podría impulsar el crecimiento de la productividad del trabajo a largo plazo en cerca de un ¼ de punto porcentual al año en el sector empresarial.

En líneas generales, la reforma laboral de 2012 parece haber aportado un mayor dinamismo al mercado de trabajo español y constituye un avance de cara a la reducción de la segmentación y al aumento de su competitividad a medio plazo.

No obstante, podrían contemplarse ajustes adicionales para asegurar que se cumplen plenamente los objetivos de la reforma del mercado de trabajo. En particular, el gobierno podría considerar los despidos colectivos improcedentes como un tipo más de despido improcedente (como es el caso en la mayoría de países de la OCDE), limitando la posibilidad de ordenar la reincorporación a los puestos de trabajo a los casos de discriminación. Asimismo, podrían retirarse algunos de los costes adicionales específicos de los despidos colectivos  para el empresario introducidos por la reforma. Por último, sería aconsejable conseguir una mayor convergencia entre los costes contraídos por el empresario por la extinción de los contratos indefinidos y de los contratos temporales.