La construcción en Gipuzkoa 2015
Tras encadenar 8 años de caída del VAB y del empleo, el inicio del año 2015 apuntaba un cambio de tendencia, sin embargo, el balance del año acreditaba un nuevo descenso de coyuntura, eso sí, del 0,5% mucho menor que en años anteriores. En esta dirección el índice de coyuntura descendió en 2013 un 24% y un 7,7% en 2014.
La licitación pública, a pesar de un repunte relevante en 2014, provocado casi exclusivamente por licitaciones contadas, aunque muy cuantiosas de Adif, y eso sí, adjudicadas con el casi 50% de baja, se desplomaba nuevamente en 2015, con una caída del 7,2%, que se debe fundamentalmente a una reducción de la obra civil especialmente de las administraciones central, foral y local, no así la autonómica que creció, pero desde niveles mínimos.
En este sentido existe una excesiva asociación entre inversión pública con infraestructuras viarias o ferroviarias que, siendo imprescindibles para la vertebración de un territorio provocan o han provocado decisiones pendulares de todo o nada de lo que en gran medida se deriva que entre 2008 y 2015 se hayan cerrado en Gipuzkoa más de 5.700 empresas y se hayan perdido más de 13.000 empleos.
A este respecto y como refiere un informe de AT Kearney elaborado por encargo de Seopan. Para poder dar respuesta a las grades tendencias globales como son, la gestión de los recursos naturales, los cambios demográficos o la innovación tecnológica, resulta imprescindible asociar el concepto de inversión pública con infraestructuras prioritarias, sostenidas y sostenibles en el tiempo.
Hablamos de infraestructuras relacionadas con el Agua (abastecimiento, tratamiento, distribución o regulación de recursos hídricos) la Energía (Eficiencia, renovables y conexiones), lo Social, (referido a Salud, Bienestar, educación y Justicia) el Trasporte, Medioambiente (lo que incluye el tratamiento de residuos, el mantenimiento forestal, la regeneración costera o la reducción de emisiones) lo Digital (telecomunicaciones e innovación tecnológica), el Urbanismo (Integración urbana, rehabilitación o ciudades inteligentes) o el mantenimiento de las infraestructuras preexistentes, para conseguir aumentar la seguridad y reducir inversiones futuras, por no hablar, cómo refiere Megatrends Update, Deloitte (EPoC 2014) o Axesor, de los nuevos patrones en materia de movilidad, accesibilidad a las ciudades, logística, redes secundarias, gestión de capacidad o seguridad… incluso turismo.
Otra cuestión recurrente, de imprescindible y urgente actuación, mientras lo anterior no se consolida, sería desincentivar las continuas y alarmantes bajas en la contratación pública, que incluso descontando las adjudicaciones de Adif correspondientes a las año 2015, con una rebaja del 53%, sitúa en Gipuzkoa la media del año 2015 en 24%. Cifra media por otra parte, que no es fruto de una sana y deseable competencia sino de una situación de clara necesidad que encierra efectos claramente perniciosos, tanto para el tejido empresarial (con la desaparición de demasiadas empresas), como para las condiciones laborales en las que se ejecutan las obras, al realizarse la adjudicación del contrato sobre bases económicas que encierran costes laborales muy por debajo del cumplimiento de los convenios laborales.
La legislación sobre contratación pública incluida la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública pendiente de transposición, fuera de plazo por cierto, al respecto de la oferta adjudicataria, viene repetidamente refiriendo que habrá de serlo aquella económicamente más ventajosa, con lo que la ganadora ha de escogerse con arreglo a lo que el poder adjudicador considere la mejor solución. Ello supone que la valoración del precio, como criterio de adjudicación, tiene que otorgar la mayor puntuación a la oferta más barata. Pero también hay que tener presente que este principio ha de ser interpretado y atemperado sobre la base de la mejor relación calidad-precio.
Este binomio coste-calidad entendemos que ha de conseguirse otorgando mayor puntuación (por este apartado) a la oferta que presente un menor precio, pero la asignación de valor ha de tener una atenuación a partir de un punto en el que se considere que, atendidas las circunstancias de cada caso, la calidad pueda verse comprometida.
Esto último también en clara referencia a los contratos de consultoría y asistencia, (redacción de proyectos, direcciones facultativas) o servicios.
No obstante lo anterior y aunque en poco o en nada se han visto satisfechas las demandas del sector en relación con las leyes de vivienda y suelo, en este caso para flexibilizar sus contenidos y así poder dar respuesta ágil a la demanda existente, como se deriva entre otras cosas, de disponer de un stock en clara reducción respecto del 2014, un -7,8, que lo sitúa en el 1,85 por debajo del 2,10 de media en España, la edificación en 2015 cambio su tendencia. A pesar de venir de niveles ciertamente mínimos, los visados de obra nueva se duplicaron y las viviendas libres terminadas crecieron casi un 12%.
Lo mismo cabe decir del subsector de rehabilitación, aunque a este respecto, comoquiera que bajo el paraguas de rehabilitación en muchas ocasiones incluimos actuaciones muy heterogéneas, tales como reformas, regeneración de espacios urbanos degradados u operaciones de eficiencia energética, convendría primero delimitar las diversas actuaciones y establecer claros indicadores de seguimiento.
Por otra parte es cierto que salvo honrosas excepciones durante el año 2015 las empresas del sector, como se empieza a ver en el contexto europeo (con más de 140 fusiones o adquisiciones de media anual entre 2009 y la mitad del 2013), no abordaron procesos de concentración para acceder al menos de manera conjunta a licitaciones en entornos diversos, ni desarrollaron proyectos generalizados de diversificación, pero ciertamente sigue sin apreciarse en el contexto general un reconocimiento de su aportación, del 6,2% del VAB, su impacto económico, ni tampoco de su capacidad de tracción sobre el empleo.
Probablemente ampliando el foco de lo que entendemos por inversión, estableciendo mecanismos para desincentivar las bajas desproporcionadas y estableciendo procesos de concentración de empresas para abordar licitaciones en otros entornos, la imagen maltrecha y denostada de este debilitado sector empezaría a cambiar pero por el momento 2015, fue… un año más sin Penélope.
Paul Liceaga Jauregui
Secretario Ascongi
Dtor Asociaciones Sectoriales Adegi